Mi post no era para discutir el tema en detalle, era para criticar tu frase de que "nadie en Chile se muere de Cáncer por no poder costear el tratamiento", porque eso sí pasa. Del link que pusiste de verdad no se saca nada en claro con la información que ahí entrega, es algo tan básico y generalizado (especialmente en lo referente a FONASA, que es la mayoría de los que se enfrentan a problemas en su manejo) que es inútil.
Exacto eso si pasa y lamentablemente más de lo que la gente piensa.
Hablando de los costos de los tratamientos, veamos estos dos ejemplos donde el Estado tuvo que ser demandado para lograr algo al respecto:
"Un porotito. Eso fue lo que palpó Priscilla Urra en dos ocasiones. La primera, a sus 33 años, fue diagnosticada con cáncer de mamas en estadio 3. Cuatro años después, en 2019, un nuevo cáncer amenazó su vida. Tras meses sin tratamiento por una inexplicable negligencia, se realizó lo que sería su esperanza: una mastectomía total. Pero los dolores posteriores serían inaguantables. Su cáncer había avanzado. Ya no tenía cura.
“Comencé con molestias espantosas en la columna, lloraba del dolor. Pensé que eran dolores musculares porque me dijeron que había vencido el cáncer por segunda vez. Como no paraban, en enero del 2020 me hice un cintigrama óseo para ver las causas y arrojó que tenía metástasis. Lo pasé muy mal, se me vino el mundo abajo”, comenta a
Doble Espacio.
Debido a la gravedad de su diagnóstico,
cáncer de mama bilateral etapa IV luminal HER2 positivo, y a la ineficacia del tratamiento, su oncóloga Elizabeth Milla del Hospital San Borja Arriarán le recetó el 24 de marzo del 2020 el medicamento TDM-1 o
Kadcyla. Las fuertes punzadas tenían nombre, pero también costo. En su caso,
serían $4.859.767 al mes.
Dada la imposibilidad de costearlo, solicitó el medicamento al Comité de Drogas de Alto Costo (DAC) del Ministerio de Salud en tres ocasiones, las que fueron rechazadas sin referir motivos. Luego vino el turno de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la cartera, que también le terminaría cerrando la puerta.
Con el tiempo en contra, llegó a la opción más tramitada y menos eficaz: la justicia. Por casi un año, luchó por su sobrevida con los abogados Marco Salas y Karem Neubauer. En conjunto, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que tuvo que llegar finalmente a la Corte Suprema para su aprobación.
Fueron seis meses los que estuvo sin la certeza de un tratamiento óptimo para su bienestar. En el camino, las instituciones de salud aseguraron actuar al amparo de la ley y no haber cometido irregularidades al no entregarle el remedio que le permitía vivir.
Su caso no es el único: Priscilla es solo una de las tantas mujeres que han vivido lo mismo.
La historia se repite
Para Jessica Cortés, una mejor sobrevida tiene un costo de
$3.524.904. Según el comité del Instituto Nacional del Cáncer y su oncólogo de cabecera, quienes aprobaron el uso de
Ribociclib en el tratamiento de su cáncer de mamas grado IV, la paciente cumplía con casi todos los requisitos para comenzar esta terapia. El único que faltaba era el más importante:
el dinero.
A pesar de ser una mujer de clase media, las ganas de vivir fueron más fuertes y comenzó a juntar fondos de diferentes maneras. “Con mi familia pedimos un préstamo, vendimos un auto, mi papá me regaló la plata de una venta de una casa que fueron 16 millones de pesos. Con eso completé seis ciclos, pero me faltaban 54”, asegura desde su casa en Independencia a la revista.
Gracias a este dinero pudo costear el tratamiento durante siete meses, hasta febrero de 2020, justo antes de que estalle la pandemia. “Esos meses con el Ribociclib me sentía mejor, la droga me estaba funcionando. Cuando tuve que dejarlo por no poder pagarlo fue un golpe duro”, cuenta.
Al igual que Priscilla, el sistema no la beneficiaba y acudió a la justicia. Un recurso de protección interpuesto por el abogado Salas entró a la Corte de Apelaciones de Santiago ese mismo mes. Tras el rechazo del Tribunal, el escrito llegó a la Corte Suprema donde finalmente ganó en noviembre, nueve meses después de ingresado el recurso.
“Yo estaba mal psicológicamente, así que el enterarme del fallo a favor fue una alegría y tranquilidad tremenda. Sin embargo, encontré injusto todo. Porque cómo puede ser que un remedio que te da una mejor vida no lo puedas tener porque no tienes plata. Es absurdo”, dice.
Cuando falla la ley
Estos dos casos son solo una muestra de los enésimos que llegan cada año a los tribunales de alzada. “Si se revisan ambos casos, van a poder encontrar una coincidencia: no son los remedios de última generación los que el Minsal acepta como ideales para la solución y el mayor tiempo de vida de las afectadas”, dice a este medio el jurista Marco Salas, autor de los dos recursos.
En ambas ocasiones, las partes acusadas se defendieron asegurando que los métodos legales que contemplan la entrega de estos recursos ya están definidos y, por lo tanto, ellos solo cumplen la ley. Esos métodos son tres:
Ley Ricarte Soto; Régimen General de Prestaciones del Minsal; y el Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Ninguna de estas tres legislaciones incluye los medicamentos solicitados por las dos mujeres afectadas, lo que dejaría sin marco de acción a las instituciones de salud y sin resguardo a las pacientes.
Para Karem Neubauer, abogada patrocinante de las causas y miembro de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncologicas (Achago), las razones administrativas no son las únicas para denegar los medicamentos. “Hay un tema económico, son remedios que cuestan más de $5 millones al mes. Esto pesa más que el criterio de los comités oncológicos de cabecera de cada paciente e incluso que la aprobación de su uso por la FDA”, comenta a
Doble Espacio.
Sobre este punto, Salas aclara: “Creo que hay una especie de solidaridad entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para no excederse en los recursos y, lamentablemente, el criterio de las Cortes de Apelaciones sigue esa misma lógica”.
Además, responsabiliza a los ministros: “Uno no sabe cuál es el criterio con el que van a resolver, eso te lo enseña la experiencia. Son disímiles y los intereses muchas veces personales y no se conoce cuáles son sus tendencias”.
Sin embargo, el abogado y jefe de la División Jurídica del Minsal, Jorge Hübner, quien ha defendido a la institución en estos casos, desmiente esto y apela al denominado “criterio de priorización” del ministerio. “Tenemos que seguir trabajando para obtener mayores coberturas de medicamentos de alto costo porque si un fármaco, sea cual sea, no está incorporado al programa presupuestario, aunque quisiéramos no podemos entregarlo”, afirma a este sitio.
“Nuestra posición no es la más cómoda, nos gustaría decir que sí y dar para todos. Pero eso significa obligar a pagar al Estado una cierta cantidad de plata, quedando a merced del precio que diga el laboratorio, que siempre es uno abusivo”, agrega el cabecilla jurídico de la contraparte."
Los casos de Priscilla Urra y Jéssica Cortés no son unos en un millón. Ambas forman parte de las 50 mil personas diagnosticadas con cáncer en Chile cada año y comparten el mismo avance de la enfermedad: la metástasis. Si bien padecen de cáncer de...
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